Gobernador Fajardo impugna ordenanza que prohíbe la privatización de hospitales públicos
En la que se puede catalogar como la más importante decisión de la Asamblea Departamental de Antioquia, el 30 de abril de este año la Duma aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza No. 15 de 2014, mediante el cual se “prohíbe la liquidación, privatización, fusión o disolución de Empresas Sociales del Estado de carácter público en el Departamento de Antioquia”.
El trámite siguiente era la sanción del Gobernador Sergio Fajardo, asunto que se esperaba surtiese sin sobresalto alguno, sin embargo el pasado jueves 15 de mayo, la Asamblea fue notificada de la decisión del doctor Fajardo en el sentido de objetar la ordenanza, alegando que la Asamblea se extralimitó en sus funciones y que violó lo dispuesto en los artículos 300 y 305 de la Constitución Nacional.
Al respecto, el Diputado del POLO, Jorge Gómez Gallego, expresó: Nada más contrario la verdad. Los artículos que el Gobernador afirma fueron violados por los Diputados, son justamente los que nos entregan facultades para adoptar la decisión. El artículo 300, numeral 7°, nos faculta expresamente para “Determinar la estructura de la Administración”, “crear los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Departamento”. En su numeral 10° nos faculta, para que “en concurrencia con los municipios, regular el deporte, la educación y la salud”. El numeral 1° nos faculta para “reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del Departamento”. El artículo 305 le señala expresamente al Gobernador en su artículo 1° que debe “cumplir y hacer cumplir las ordenanzas de las Asambleas Departamentales” y en su artículo 8° le atribuye la función de “Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas.
El Diputado de oposición agregó que además de mostrar el talante privatizador de la “más educada”, la objeción es una pieza de leguleyada barata, que obliga a que sea el Tribunal Administrativo de Antioquia el que pronuncie la última palabra al respecto. Mientras tanto los concejales, alcaldes, trabajadores, empleados, personal médico y paramédico de los hospitales, las comunidades organizadas y las asociaciones de pacientes y usuarios, deberán levantar una amplia movilización ciudadana que demande de los gobiernos nacional y departamental, recursos para salvar los hospitales públicos, amenazados por la morosidad en los pagos y la fijación de tarifas de ruina para la prestación de servicios por parte de las EPS y por una normatividad que las obliga a incurrir en enormes sobre costos. Recordó finalmente el Diputado polista que la red pública hospitalaria es la columna vertebral de la prestación de los servicios de salud como derecho fundamental.
